El pasado viernes 15 de diciembre del presente año, el Senado de México aprobó de manera rápida y, para muchos, sin conciencia, la nueva Ley General de Biodiversidad, dejando su ratificación en manos de la Cámara de Diputados Mexicanos. Esta Ley presentada el 25 de octubre del año pasado por la Senadora Ninfa Salinas Sada el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) está siendo fuertemente criticada por ecologistas, activistas y ciudadanos en pro del medio ambiente, ya que, a su consideración, es una puerta abierta hacia la privatización de recursos naturales.
Esta ley tuvo un proceso de modificaciones que llegaron a través de la sociedad civil, sin embargo, en ningún párrafo prohíbe la actividad minera de las ANP, por lo que organizaciones como Green Peace y Cemda piden a los Diputados que se lea detenidamente las nuevas estipulaciones de dicho documento, se analicen y tomen en cuenta todas y cada una de las posibles consecuencias que podrían tener como impacto al ecosistema; en resumen, exigen que antes de aprobar cualquier cosa, se tome en cuenta el factor causa-efecto.
Para aclarar más el tema de las mineras, se debe saber que éstas amenazan significativamente los bosques y selvas de este país, ya que según algunos estudios realizados, existen en la actualidad 895 proyectos, de los cuales el 44% está directamente montado sobre vegetación. La explotación minera y de hidrocarburos puede traer graves consecuencias a la ecología según organizaciones como Green Peace.
La votación se resumió a 88 votos a favor, cuatro en contra y 5 abstenciones. La Senadora panista Silvia Garza, Secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, postuló una propuesta para incluir el impedimento de la actividad minera; sostuvo que el país tiene 183 ANP que en conjunto, tienen una expansión de 90 millones de hectáreas, sin embargo, las áreas mineras han cobrado el lugar de 550 mil 704 hectáreas, esto gracias a las 968 concesiones que han obtenido.
García también destacó que en las ANP se han aprobado cerca de 57 mil 255 hectáreas con fines mineros, por lo que su propuesta se inclinaba a modificar el artículo 147 para poder lograr proteger las áreas naturales del impacto minero. Sin embargo, su propuesta fue rechazada incluso por su misma banca. Pero no sólo esto se rechazó, también se declinaron los artículos transitorios del 20 al 24 de la Ley General de Biodiversidad que tratan específicamente sobre la disposición de mamíferos marinos en cautiverio, lo que según García, pone en riesgo directamente a estas especies.
En una entrevista exclusiva para un periódico de prestigio, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Green Peace en el país, comentó que dicha ley debe pasar por un proceso detenido de discusión y debate; además dijo que la Ley de Biodiversidad se compara con la Ley de Seguridad Interior, en la cual tampoco se tomó en cuenta las diferentes opiniones y tan solo se aprobó sin ver las verdaderas consecuencias que tendrá en la sociedad. A su vez, el activista expresó que esta Ley es mala para el ecosistema, tiene muchos vacíos que favorecen la privatización de recursos naturales ya que no se aclaró en el documento cómo se llevará a cabo la regularización de recursos genéticos, así como tampoco asegura que sean las comunidades quienes obtengan la potestad de los bienes naturales.
