El recién pasado 21 de diciembre de 2017, el Colegio de Arqueólogos de Chile ha emitido una estrepitosa declaración, en la que acusa abiertamente al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de ser un operador político del gobierno de turno.
Es importante aclarar que el Colegio de Arqueólogos cuenta con dos miembros al interior del CMN, razón por la cual, conocen de primera fuente el infinito número de problemas que se suscitan al interior de esta organización del estado, que se espera actúe para proteger los patrimonios nacionales.
Diversas complicaciones, como falta de fondos, personal no apto para el correcto cumplimiento de las funciones, constantes cambios de dirección por parte de los gobiernos, entre muchos otros; motivaron a esta prestigiosa corporación de arqueólogos a advertir públicamente la crisis institucional que vive el CMN.
Don Luis Cornejo, advierte en esta declaración que los problemas se han ido agudizando por “problemas de gestión y también de autoridades que han tratado de convertir al Consejo de Monumentos en un organismo menos técnico y más político”. Situación que se evidencia diariamente en Chile, tras el actuar poco ortodoxo de sus autoridades, que en vez de potenciar la multiplicidad de conocimientos históricos, arqueológicos, antropológicos y culturales en post de una protección adecuada de los sitios de interés público, y que pudieran ayudar a desarrollar adecuadamente una industria como el turismo; han decidido perseguir e injuriar a todas aquellas organizaciones relacionadas que no predican los valores del partido o coalición de turno en el gobierno.
Esto explica, en gran medida, el fenómeno que describo en una columna anterior – titulada “La influencia de la UNESCO en los sitios patrimonio de la humanidad» – en la que el conflicto institucional, por la ineficiente designación de autoridades, impide el correcto desarrollo de los aspectos turístico-culturales de la comunidad.
Durante el mes de noviembre de 2017, el Gobierno de Chile promulgó la Ley N° 21.045 que crea el “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”, donde el CMN pasará a ser parte importante de esta cartera, lo que trae consigo una oportunidad única de transformaciones al modelo.
A pesar que la nueva legislación no modifica la ley de Monumentos Nacionales ni la organización del CMN; se espera que de igual forma la nueva institucionalidad obligue a modificar el funcionamiento de este organismo tan importante para el patrimonio nacional, pues no tan sólo afecta a la cultura y a los sitios patrimoniales en cuestión, sino que también afecta a industrias tan importantes como el turismo y la hotelería.
Sin más que agregar, sólo me resta indicar que comparto las declaraciones del Colegio de Arqueólogos de Chile, pues no tan sólo les afecta a ellos como profesionales y parte directa involucrada en el fenómeno; sino que se trata de una preocupación compartida en todos los niveles de la sociedad, desde otras agrupaciones relacionadas a la historia, el patrimonio y la cultura, hasta comunidades vecinales enteras, que ven como el Consejo de Monumentos Nacionales se toma la libertad de interferir en sus vidas y propiedades, obligándoles muchas veces a abandonar lo que ha sido su hogar por varias generaciones.
El fenómeno de la gentrificación que, por ejemplo, se ha venido gestando en muchas ciudades patrimonio de la humanidad – que por el sólo mérito de no poder dar el correcto cuidado a sus envejecidos inmuebles ha ido expulsando a los habitantes de determinados lugares – es sólo uno de los efectos que ha marcado la trayectoria del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.
