El tren Maya se suma al conjunto de megaproyectos que prometen un extraordinario desarrollo a través de grandes inversiones, y que apuntan hacia supuestos beneficios de gran alcance. Sin embargo, este tipo de proyectos muestran controversias al preguntarse para quién y para qué se realiza. Prueba de ello ha sido la polémica que se ha desatado al revelarse los actores y fines comerciales, económicos y políticos que se ocultaban detrás de esta iniciativa. El conflicto de intereses recae en un tema eminentemente turístico – económico que deja de lado los supuestos en los que se basa el proyecto: mejora en la calidad de vida, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.
Es evidente que las miradas hacia una zona eminentemente turística han propiciado el paulatino intento por consolidar una conexión terrestre que permita la movilidad entre estos sitios con recursos potencialmente turísticos. La batuta del proyecto a cargo del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR) revela lo anterior. Las acciones emprendidas por este organismo han sido una amenaza latente para la zona al tratarse de estados con áreas naturales protegidas, reservas ecológicas y una cultura identitaria que puede ser trastocada. A pesar de que FONATUR ha justificado sus acciones al tomar en cuenta las condiciones del área mediante iniciativas como: consultas indígenas, manifestaciones de impacto ambiental, creación de diversos programas de conservación, entre otras; sin embargo, estas no han sido suficientes para contrarrestar los posibles efectos negativos que se perciben con un proyecto de tal magnitud.
Asimismo, el apoyo de diversos actores gubernamentales y la aparición de grupos de interés como empresarios e inversionistas, ha provocado disputas con la población nativa, ambientalistas, organizaciones no gubernamentales y activistas, quienes perciben de manera más clara y directa los efectos y controversias a nivel local de tal proyecto. Las disyuntivas se han centrado en sostener que las acciones y estudios tanto de FONATUR, como de los actores de gobierno y grupos de interés, han resaltado preponderantemente los efectos positivos minimizando los negativos; esto, a su vez, provoca incertidumbre y conflictos mayores entre los involucrados.
Por otro lado, el empeño por defender este proyecto ha generado toda una serie de discursos, sostenidos en cuatro ejes principales: económico, social, cultural y ambiental; en cada uno de ellos se resaltan datos que evidencian la necesidad de una intención como la que se propone para contrarrestar la situación económica y social que históricamente ha aquejado a la zona; esto se suma a la urgente preservación cultural y ambiental como alternativa y freno ante la destrucción de un mundo globalizado. Por lo tanto, las justificaciones del proyecto son válidas en tanto que atienden situaciones realmente necesarias y de importancia para la zona en cuestión.
En resumen, la propuesta de megaproyectos constituye una respuesta alternativa a situaciones de problemas multicausales que necesitan ser atendidos en varias vertientes: económicas, sociales, culturales y ambientales; pero, la apropiación y uso indebido de los recursos y factores, que sirven en principio como motivos para resolver o atender ciertas problemáticas, se tergiversan cuando los intereses obedecen a objetivos políticos económicos particulares. En este sentido, el turismo ha sido un arma para justificar acciones políticas con tintes principalmente económicos y beneficios para unos cuantos, a través del aprovechamiento, uso y mercantilización de los recursos que poseen ciertas zonas, bajo el discurso de mejora, situación a la que se ha sumado este proyecto ruta Maya. Por lo tanto, esta discusión coadyuva a la polémica actual de reflexionar sobre el progreso o la destrucción de la zona, ante las fuertes controversias y diversas posturas al respecto.
