Desde 1995 en que EEUU, Canadá y Suecia DESAPARECIERON sus ministerios turísticos y hasta la fecha, particularmente en los recientes años, en la mayoría de los países de la región se está dando una verdadera discusión sobre los alcances y competencias que debe tener el Estado en el accionar turístico y que va a dos extremos:
- desde la PARENTALIZACIÓN ESTATAL
- hasta la LIBERALIZACIÓN EMPRESARIAL
pasando por sus necesarios matices.
Unos, con unas estructuras rígidas (y a veces en extremos) del Estado fuertemente normativo, obligatoriamente interventor y profundamente centralizador, involucrándose, prácticamente en todo el sistema vertical y horizontal turístico, desde temas de facilitación, pasando por burocratización de trámites, rigidez en el otorgamiento de permisos y licencias, hasta fijación obligatoria de precios de mercado, etc. El sector privado únicamente como un elemento operativo del sistema.
Otros con una pseudo-liberalización a través de heredar algunas competencias a favor de organismos de menor jerarquía y poder decisorio limitado, como empresas turísticas, comités consultivos, cámaras y federaciones, secretarías técnicas, etc., que aunque privados o mixtos, no han logrado optimizar recursos económicos, potenciar crecimientos de mercado, aportar con capacitación técnica, entre otros múltiples y creativos objetivos que se han barajado para justificar su existencia, particularmente en lo relacionado, como el mejor ejemplo, a la promoción de destinos turísticos y en algunos casos peor aún, en la operación de productos turísticos, debido a que no han podido (o no han querido) cortar el cordón umbilical que significa la recepción de recursos económicos por parte del Estado para cubrir sus déficits operacionales o una politización disfrazada de patriotismo.
Y finalmente unos pocos en procesos de adecuación a las nuevas fuerzas y velocidades que han impuesto las nuevas tecnologías (en todo orden) para la liberalización económica, un trato fiscal atrayente de inversiones, ahorro en costos por la simplificación burocrática, etc. El cambio profundo se vislumbra no tanto por la supresión de leyes, reglamentos y normas cuanto por la ADECUACIÓN de esas viejas o nuevas leyes, reglamentos y normas que priorizan la coordinación a la recaudación, regulación o control del negocio.
No es menos importante recalcar que en este nuevo esquema, el manejo de “lo público” NO recae exclusivamente en lo “público estatal” sino que han logrado derivar hacia lo “público seccional” haciendo el traspaso de unas competencias a manos de Prefecturas, Municipios, etc., como receptores finales del turista.
Simbiosis: Turismo – Estado
Ahora bien, independientemente de la concepción política, ideológica e incluso dogmática sobre quién debe llevar las políticas turísticas, sea por el sector público o por el privado, una cosa debe quedar perfectamente clara y es que si no se entiende al turismo como una RELACIÓN SIMBIÓTICA entre los dos sectores no hay avance posible.
En un gran resumen la discusión normalmente se polariza entre estas dos realidades:
- Lo público gigantiza sus gastos y despilfarra los recursos aportados por el sector privado.
- El sector privado no aporta al desarrollo del país sino exclusivamente a sus propias arcas.
Ambas partes olvidándose por conveniencias individualistas que en el medio está la sociedad, entendida como comunidad que es, en último término, la dueña absoluta e indiscutible del producto turístico (paisaje, clima, costumbres, gastronomía, etc.).
Con la incorporación de este cuarto elemento en el análisis, probablemente cada país pudiera explotar la relación Turismo-Estado de forma eficaz y eficiente:
Desde luego, el enfoque no puede ser otro que no sea un GANAR-GANAR para todos y en todos los órdenes: económico, tributario, social, etc.,
En cualquier caso y sea como sea que se defina la relación Eurismo-Estado deberá tomarse en cuenta las diferentes velocidades a las que cada uno se mueve: